Una vez solicitado el procedimiento de insolvencia ante el juzgado de lo concursal y con el acuerdo de todos los acreedores, estos quieren cobrar con cargo a la masa de la insolvencia del deudor. Dicho de otro modo, los acreedores quieren recuperar su dinero de alguna manera.
Durante el procedimiento de insolvencia, el juzgado de lo concursal determina qué patrimonio le queda aún al deudor para atender a los acreedores. Se comprueba si tiene, por ejemplo, valores, acciones, inmuebles, coches de valor, joyas antiguas, joyas de valor, cuentas en el extranjero, cuadros u otros bienes. Si el deudor tiene en la masa de la insolvencia inmuebles, coches de valor u otro patrimonio, los acreedores deben cobrar con ellos, para que el deudor quede libre de deudas y pueda volver a demostrar solvencia. Los bienes de valor pasan entonces a la subasta concursal o subasta forzosa. Una subasta concursal, por supuesto, solo se autoriza una vez comprobado si se puede pagar a los acreedores con el patrimonio del deudor. Para ello se fija una fecha en la que tendrá lugar la subasta.

¿Cómo se desarrolla una subasta forzosa en el marco de una subasta concursal?

La diferencia entre una subasta forzosa en el sentido clásico y una subasta concursal es que, en esta última, el patrimonio del deudor procede de la masa de la insolvencia y se subasta forzosamente en ese marco. El deudor no puede quedarse con nada del dinero de esta subasta, sino que debe atender a sus acreedores para quedar libre de deudas.
El juzgado designa a un perito que debe tasar el patrimonio del deudor y elaborar el llamado informe de valor de mercado para la próxima subasta forzosa en favor de los acreedores. Sobre esa base, el juzgado fijará la subasta del patrimonio del deudor.
El deudor debería dejar entrar al perito en sus instalaciones en la fecha fijada, para que pueda determinarse el valor de mercado de su patrimonio.
El deudor no está obligado a dejar entrar al perito en su casa, pero sí debe permitirle el acceso a su terreno. Sin embargo, una actitud de rechazo haría que el perito no pudiera realizar su trabajo para los acreedores y, con ello, también se perjudicaría al deudor. La subasta forzosa en favor de los acreedores no podría celebrarse de forma satisfactoria para todos los implicados. El deudor debería cooperar siempre para no poner en peligro la subasta forzosa de los acreedores; eso no beneficiaría a nadie, y menos que a nadie al propio deudor.

Subasta concursal

¿Qué significa ahora la subasta forzosa para el deudor y para el acreedor?

En primer lugar, el acreedor debe recuperar su dinero del deudor.
El deudor debe recuperar su solvencia. Todo el producto de la subasta se lo lleva el acreedor. Una subasta forzosa en la que se quiere pagar al acreedor siempre se tramita por vía judicial. Siempre es pública y puede pujar cualquier persona mayor de 18 años. Ya se trate de coches, inmuebles o joyas de valor, las subastas forzosas presuponen siempre que el acreedor tiene un título ejecutivo contra el deudor.